El proceso de transición energética hacia la plena descarbonización de la economía en el año 2050, compromiso adquirido por España como integrante de la UE tras los acuerdos de Paris de 2015, representa un reto de transformación social tan profundo que no es comparable siquiera a la introducción del euro a comienzos del siglo en curso. Se nos está pidiendo -de hecho, por aquello de la democracia representativa, así lo hemos decidido- que transformemos nuestra forma de movernos y desplazarnos, de producir y transportar bienes, de calentarnos, de producir electricidad, … se nos está pidiendo que toda nuestra demanda energética genere una oferta que no emita CO2 y además con unos plazos realmente ambiciosos.
